El desenlace electoral en España estará marcado por el acusado descenso de los dos partidos mayoritarios, el PP y el PSOE. El resultado fue a contracorriente del resto de países europeos: “no hay ningún lugar donde los dos principales partidos pierdan apoyos al mismo tiempo”, decía un informe de la Fundación Alternativas. Sin embargo, ese desgaste del partido del gobierno y del que encabeza la oposición no lo aprovechará ninguna de las fuerzas que se postulaban hasta la fecha como las alternativas de reemplazo. Pese a subir, ni IU ni UPyD conseguirán capitalizar todo el descontento social y el descrédito de los grandes partidos de masas. El escrutinio terminará por dibujar un paisaje fragmentado donde el bipartidismo parece en vías de extinción y se ha colado desde la izquierda una nueva fuerza con la que pocos contaban. Nacido prácticamente de la nada, Podemos irrumpió con la intención declarada de alcanzar al poder con un programa decididamente maximalista y conectando con un amplio sector de la población que se siente huérfano de representación politica, que podría estar encuadrado en lo que el sociólogo César Molinas llamó hace años la izquierda volátil (electores que oscilan entre el PSOE, IU y la abstención, estimados en unos 2 millones; Molinas estimaba que los votantes “centristas” que oscilan entre el PP y el PSOE eran sólo 600 mil, pero tras las elecciones de 2011 corrigió esa cifra al alza). Por otro lado, las elecciones en Cataluña estuvieron marcadas por un sorpasso histórico: ERC tuvo por primera vez más votos que CiU, a la par que el PSC confirmó las previsiones más pesimistas y se hundió con estrépito. En Madrid, la solitaria comparecencia de la candidata del PSOE en la desolada sede de Ferraz parecía una escenificación descarnada de la crisis nacional y global de la socialdemocracia. El secretario general del partido, Alfredo Pérez Rubalcaba, anunció su intención de dejar el cargo y convocó un congreso extraordinario. Por contraste, en la sede del partido gobernante Dolores de Cospedal parecía no inmutarse, pese a que la magnitud de la caída del PP fue similar a la de los socialistas. Los populares parecían confiados -o pretendían aparentar una sensación de confianza- porque piensan que la mayoría de quienes les abandonaron no votó a otros partidos sino prefirió quedarse en casa, creen que no tienen rivales en el espacio que hay entre el centro y la derecha -mientras que la izquierda está atomizada- y confían en que la convaleciente economía de los suficientes síntomas de mejoría. Además creen disponer de una nueva arma que podría movilizar a su electorado potencial; el miedo a lo que ellos definen como “populismo de extrema izquierda”.
Antecedentes: crisis económica y malestar social
Entre los temas que dominan la agenda política española en los últimos años destacan las repercusiones la crisis económica que asuela el país, cuyos primeros síntomas aparecieron a finales de 2007. En mayo de 2010 el gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) decició dar un giro a su política económica, presionado por gobiernos extranjeros (EE.UU, Alemania) y por la Troika (Comisión Europea, BCE y FMI). Desde entonces y con mayor intensidad bajo el gobierno presidido por Mariano Rajoy tras la contundente victoria electoral del PP en noviembre de 2011, las medidas económicas han estado encaminadas a reducir la deuda y el déficit público mediante una serie de recortes del gasto presupuestario. Los “ajustes” han afectado a áreas sensibles como la sanidad, la educación y las prestaciones sociales en un contexto de aumento desbocado del desempleo y de empobrecimiento de las clases medias, generando un profundo malestar social. Como expresión de ese descontento, ya en la víspera de las elecciones municipales de 2011 surgió un movimiento de protesta a raíz de una manifestación impulsada por la plataforma Democracia Real Ya con el apoyo de diversos colectivos sociales el 15 de mayo. Aquel día, una serie de personas decidió de forma espontánea acampar en la Puerta del Sol, en pleno centro de Madrid, acontecimiento que fue el germen del movimiento de los indignados (también conocido como 15-M). Pese a su notable repercusión nacional e internacional, el efecto de las protestas en las elecciones celebradas en 2011 fue escaso. Posteriormente, ya en la presidencia de Mariano Rajoy, han cobrado relevancia las movilizaciones en defensa de los servicios públicos (Mareas Blanca y Verde) y contra los deshaucios, reclamando una revisión de las leyes que los regulan (dación en pago). Miles de familias viven una tragedia social. Perder el empleo (casi 700 mil hogares carecían de cualquier tipo de ingreso en 2013) significa no tener recursos para afrontar la hipoteca, lo que implica en la mayoría de los casos perder la casa y que esta pase a ser propiedad del banco, engrosando el enorme stock de viviendas sin vender (557450 a finales de 2013) herencia de la burbuja inmobiliaria. Jean-Claude Juncker se mostró escandalizado: “No tengo que inmiscuirme en la legislación que se aplica en España pero quedé sobrecogido al ver como se hacía. Nunca he entendido que la ley española diga que cuando pierdes tu casa debes seguir pagando los intereses contraídos. En mi país, en Luxemburgo esto no es así. Y no debe ser. Quisiera que esto cambie pero no es competencia europea”. También tuvieron repercusión nacional las protestas de los vecinos del barrio de El Gamonal, en Burgos.
Recesión, paro, brecha social
La economía española ha sufrido dos periodos de recesión en los últimos años, el primero entre 2008 y 2010 como consecuencia directa del impacto de la crisis financiera internacional, que provocó el estallido de la burbuja inmobiliaria (1997-2007). El segundo periodo de recesión, cuya causa es el impacto de las políticas de austeridad presupuestaria en una economía deprimida por la crisis, se extendió entre el segundo trimestre de 2011 y el tercer trimestre de 2013, segun el INE. En 2013 el Producto Interior Bruto (PIB) se contrajo en un 1,2%, aunque la tendencia decreciente se detuvo a finales de año y la economía creció un 0,4% en el primer trimestre de 2014.
Junto a los recortes, se han adoptado otra serie de recomendaciones de la Comisión Europea y las instituciones financieras internacionales, incluyendo dos reformas sucesivas del mercado laboral (septiembre de 2010 y febrero de 2012). La ley en vigor de 2012 se propone “facilitar la contratación, con especial atención a los jóvenes y a los parados de larga duración, potenciar los contratos indefinidos frente a los temporales y que el despido sea el último recurso de las empresas en crisis, además de acabar con la rigidez del mercado de trabajo y sentar las bases para crear empleo estable”. Ha recibido alabanzas desde el empresariado (otorga mayores facilidades para el despido) por considerarse que va en la “buena dirección”, aunque para destacados representantes del sector todavía es “insuficiente”. Desde los sindicatos y la oposición la reforma se consideró lesiva para los intereses de los trabajadores y se cuestionó su eficacia para combatir el desempleo. La tasa de paro continuó al alza hasta llegar a un clímax a principios de 2013, con un 26,9% (6,2 millones) de desocupados, bajando ligeramente desde entonces. Los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA)* correspondiente al primer trimestre de 2014 arrojaban una cifra de 5,9 millones de parados que suponen una tasa del 25,9%, un porcentaje que sólo Grecia supera en la actualidad. Si bien el empleo ha dado leves signos de recuperación, siguen descendiendo las contrataciones indefinidas (210 mil empleos menos con respecto a hace un año) en detrimento de los contratos temporales (55700 más que hace un año), mientras que la población activa se ha reducido en 424500 personas en el mismo periodo, seguramente porque siguen retornando inmigrantes a sus países de origen y continúa el éxodo de jóvenes con cualificación ante la falta de oportunidades. Los contribuyentes a la Seguridad Social han disminuido en tres millones desde el comienzo de la crisis (eran 19,4 millones en febrero de 2008 y 16,3 en febrero de 2014) y las cifras de afiliación activa están en unos niveles similares a las de hace 12 años. La situación de los empleados se ha hecho más precaria y su poder adquisitivo ha disminuido debido a las generalizadas rebajas salariales que, combinadas con la fuerte subida del IVA y otros impuestos, han tenido el efecto de deprimir el consumo interno.
* Casi dos meses después de las elecciones, el 24 de julio, se publicó la EPA correspondiente al segundo trimestre de 2014. El paro ha descendido a 5,6 millones, el 24,47% de la población activa.
Un rasgo destacado del impacto de la crisis en España es que ha agrandado la brecha entre el grupo de la población con menores ingresos y el que disfruta de las rentas más altas. Un reciente informe de la OCDE señala que el ingreso medio del 10% más pobre ha caido 7,5 veces más que el del 10% más rico. Entre 2007 y 2011 los ingresos del 10% más pobre cayeron un 42%, mientras que las rentas del 10% más rico sólo disminuyeron un 5,6%. El informe destaca el contraste con Grecia, donde la renta disponible ha disminuido el doble que en España (29% frente a 14%); en el país heleno los ingresos de los más pobres disminuyeron en una proporción similar a la de España, pero los ingresos de los más ricos sufrieron una merma del 31%. Como es lógico, el impacto desigual de la crisis ha empeorado la distribución de la renta. España es el país industrializado donde más han aumentado las diferencias entre ricos y pobres (el coeficiente de Gini ha pasado del 0,3 al 0,34) y de no ser por el efecto redistributivo de los impuestos y las prestaciones sociales, la brecha se habría agrandado aún más. En el contexto de la UE, España es junto a Grecia el país donde la proporción de la población que no llega a la mitad del ingreso medio es mayor (del 10% en 2005 ha pasado al 18%). La crisis afecta de forma especial a la infancia, según el mismo informe de la OCDE el 22% de los menores de 18 años está por debajo del umbral de la pobreza. Estadísticas de UNICEF señalaban una tasa de riesgo de pobreza infantil del 26%, desigualmente repartida en el territorio (Extremadura con el 46% y Euskadi con el 12,6% son los valores extremos). Según Cáritas Europa España es el segundo país con mayor incidencia de pobreza infantil, sólo superado por Rumanía. Pese a lo alarmante de la situación, la actitud del gobierno español ha sido pasiva e incluso algún ministro puesto en cuestión los distintos informes que se han ido publicando. Algunas comunidades autónomas (Andalucía y Canarias) decidieron abrir los comedores escolares en verano para dar de comer a niños en riesgo de pobreza, medida recomendada por la Defensora del Pueblo Soledad Becerril. Sin embargo otras gobernadas por el PP (Galicia, Madrid, La Rioja, Castilla y León) se negaron a abrir los comedores alegando que “la situación no es tan grave” y se podría “estigmatizar a los niños”. Recientemente el gobierno ha aprobado una modesta partida de 17 millones de euros.
Rescate bancario
Los cimientos del sistema bancario español, seriamente dañados por la burbuja inmobiliaria y las malas prácticas financieras, se tambalearon en mayo de 2012 cuando el gobierno tuvo que asumir el control de Bankia, una entidad producto de la fusión de varias cajas de ahorro que por entonces presidía Rodrigo Rato, ex ministro de Economía (1996-2004) y Director Gerente del FMI (2004-2007). Ese mismo mes, la agencia Moody’s rebajó la calificación de 16 bancos y la deuda de la Región de Murcia y Cataluña a “bono basura”; la prima de riesgo de la deuda española llegó a su máximo histórico. Como consecuencia, el Eurogrupo decidió aportar una cantidad de hasta 100 mil millones de euros para capitalizar la banca española, bajo la condición de que los bancos rescatados se someterían a la supervisión de expertos europeos. Finalmente se emplearían 40748 millones de ese fondo; con la aportación del Estado, la inyección de capital público ascendió a 52 mil millones. Paralelamente, el gobierno anunció un recorte presupuestario de 65 mil millones de euros y un paquete de medidas adicionales (subida del IVA, suspensión de la paga extra, menos días libres y reducción de ayudas para el alquiler). La Comisión Europea aprobó en noviembre de 2012 la reestructuración de los bancos nacionalizados Bankia, Catalunya Caixa, Novagalicia y Banco de Valencia. Un año más tarde (octubre de 2013) el Banco de España declaraba oficialmente el fin de la recesión y el Eurogrupo acordó el cierre del rescate (noviembre) al término del programa de asistencia en enero de 2014.
Tensiones territoriales
La crisis económica ha puesto además en evidencia una profunda crisis territorial, institucional y política. El máximo exponente de las tensiones territoriales es el llamado proceso soberanista catalán, que busca la celebración de un referéndum que eventualmente podría suponer la constitución de un estado propio y la independencia de Cataluña. Este proceso está guiado por el gobierno de la Generalitat que preside el nacionalista Artur Mas (CiU), pero es determinante la influencia de sus socios parlamentarios (ERC) y de poderosas organizaciones civiles como la Asamblea Nacional de Catalunya (ANC), que tiene una gran capacidad de presión y de convocatoria. Hay una estrecha correlación entre los acontecimientos en Cataluña con la situación económica (crisis y financiación), así como con los defectos de la construcción del estado autonómico y una sentencia de 2010 del Tribunal Constitucional que supuso un recorte de las competencias Estatut aprobado en 2006, que fue recurrido por el entonces opositor Partido Popular. Sin embargo, el proceso también responde a una corriente de cambio en la sociedad catalana, más favorable a las tesis independentistas que en el pasado. En diciembre de 2013 se anunció la ‘consulta’, es decir, el referéndum de autodeterminación. Las fuerzas catalanas favorables al ‘derecho a decidir’ (CiU, ERC, ICV-EUiA y la CUP) pactaron dos preguntas: «¿Quiere que Cataluña sea un Estado?» y «En caso de respuesta afirmativa, ¿quiere que este Estado sea independiente?». El PP catalán y Ciutadans manifestaron su rechazo a esta convocatoria. Por su parte, el PSC ha estado dividido con respecto a la consulta. La postura oficial de los socialistas catalanes, entonces dirigidos por Pere Navarro, era la de defender un modelo de federalismo ‘asimétrico’ y un referéndum pactado con el gobierno central. Sin embargo, el sector catalanista del PSC se mostraba abiertamente a favor del proceso y la consulta, mientras que el PSOE se oponía activamente a ambos en el resto de España.
Frente al llamado desafío independentista ha habido reacciones variadas en el resto de España. La postura oficial del gobierno y del PP es que la convocatoria de una consulta “como la que se pretende” tendría que seguir el procedimiento fijado en la Constitución, requeriría una autorización previa del gobierno central y sería un asunto que “afectaría al conjunto del pueblo español”, por lo que un hipotético referéndum debería ser convocado en el conjunto de España. PSOE y UPyD también se oponen a la convocatoria del gobierno catalán; el partido que dirige Rosa Díez reclama además que el gobierno haga lo posible por evitarlo. IU está a favor del ‘derecho a decidir’ de todos los pueblos, aunque desea que Cataluña permanezca dentro de España. Las posturas sobre el modelo territorial van desde quienes abogan por la supresión de las comunidades autónomas (Vox, partido creado por ex militantes del PP) a quienes llevan en su programa electoral el federalismo ‘igualitario’ y que el gobierno central reasuma competencias cedidas a los gobiernos autonómicos (UPyD) o quienes defienden una reforma federal de la Constitución como vía para la integración de las nacionalidades históricas (PSOE). En febrero de 2014 se aprobó una moción presentada por UPyD contra el proceso soberanista catalán, a la que se sumaron populares y socialistas. A estos últimos la iniciativa les resultó especialmente divisiva e incómoda; tampoco el PP y el gobierno de Rajoy -a menudo acusado de excesiva pasividad ante los acontecimientos- estaban entusiasmados. Los socialistas habían aprobado en julio de 2013 su propuesta de modelo federal (la declaración de Granada) sin llegar a resolver el conflicto entre el PSOE y el PSC a propósito de la conveniencia de un referéndum en Cataluña. Allí hay quienes abogan por una Tercera Vía entre el independentismo y el modelo actual, ya sea de carácter federal o confederal, y donde se encuadrarían el PSC, la UDC de Josep Antoni Duran i Lleida y un sector de ICV.
Paradójicamente, en Euskadi la pulsión independentista ha estado relativamente soterrada tras el abandono de ETA de la actividad armada en octubre de 2011. Las elecciones celebradas en 2012 dieron el triunfo a las fuerzas nacionalistas. El PNV, el partido que representa el nacionalismo tradicional vasco, retuvo la condición de fuerza más votada e irrumpió con fuerza una nueva coalición independentista que engloba a la anteriormente ilegalizada izquierda abertzale y responde al nombre de Euskal Herria Bildu. Íñigo Urkullu (PNV) fue investido como nuevo lehendakari, reemplazando al socialista Patxi López (que gobernó entre 2009 y 2012 con el apoyo parlamentario del PP). Urkullu declaró tras asumir la presidencia de la autonomía vasca que su prioridad era combatir la crisis -que ha afectado al País Vasco en menor medida que a Cataluña y el resto de España- y que seguía “con interés” el proceso soberanista catalán pero enfatizando que el nacionalismo vasco tenía su propia hoja de ruta. No obstante, el Parlamento Vasco aprobó una declaración pocos días después de las elecciones europeas reivindicando que “Euskal Herria tiene derecho a la autodeterminación y que ese derecho reside en la potestad de sus ciudadanos para decidir libre y democráticamente su estatus político”.
En cualquier caso, existe una opinión generalizada sobre la necesidad de cambios en modelo autonómico consagrado en la Constitución de 1978, que no establece una separación clara de competencias entre el gobierno central y los gobiernos autonómicos. Tampoco están bien delimitadas las responsabilidades que corresponden a cada administración en aquellas áreas donde ambas tienen competencias, por lo que no existe el principio de corresponsabilidad ni está claro a cuál hay que atribuir aciertos o errores. El estallido de la crisis parece haber puesto en evidencia síntomas de colapso en el sistema y se considera urgente una “racionalización” del mismo. Por otro lado, la mala gestión financiera o el despilfarro han causado que la deuda de muchas comunidades autónomas creciera de forma alarmante. La Comunidad Valenciana, Cataluña y Castilla-La Mancha tienen las deudas más altas en relación con el PIB regional y su situación financiera es desesperada. Estas comunidades y otras en menor medida han aplicado severos recortes presupuestarios y dependen de la asistencia del gobierno central para pagar los vencimientos de sus deudas (Fondo de Liquidez Autonómica), ayuda que está condicionada a cumplir con unos objetivos de reducción del gasto. Sin embargo la deuda autonómica representa aproximadamente el 20% de la deuda española y está lejos de ser la mayor porción del pastel, pese a que existe la creencia de que las autonomías son las principales responsables de su aumento. La deuda española subió desde el 36% del PIB antes de la crisis al 94% en 2013 y se prevé que supere el 100% en 2016.
Poner una solución al problema territorial parece un objetivo extremadamente complicado de alcanzar. Tanto las diferencias entre las fuerzas políticas sobre las medidas a adoptar como la tensión entre los nacionalistas de la periferia y los partidarios de soluciones de tipo centralista, dificultan enormemente la tarea de una eventual reforma del modelo. Esta requiere una modificación de la constitución que necesita 3/5 del Parlamento para ser aprobada, algo que sólo sería factible si PP y PSOE llegasen a un acuerdo. Como se ha dicho antes, los socialistas proponen una reforma de tipo federal, pero el gobierno y los populares opinan que no es el momento adecuado para cambios en la Constitución. El periodo inmediatamente posterior al estallido de la crisis ha visto el auge de las posiciones que abogan por la ruptura; mientras en Cataluña aumentan los partidarios de la independencia, en otros territorios las encuestas del CIS detectan el aumento de los partidarios de recortar las competencias de las comunidades autónomas o de un estado centralizado.
Corrupción y crisis del sistema
La crisis está detrás de un mayor rechazo social a la corrupción y de un creciente cuestionamiento de las principales instituciones del Estado y por extensión del orden político-institucional alumbrado en la transición española cuyos fundamentos se recogen en la Constitución de 1978. Prácticamente todos los pilares de la sociedad sufren una crisis profunda de credibilidad, desde el Parlamento, los partidos políticos y los sindicatos hasta la misma institución monárquica. Las críticas se extienden a los medios de comunicación públicos (nacionales y autonómicos), la insuficiente separación de poderes, el clientelismo político, las llamadas puertas giratorias (casi el 10% de los vocales de los consejos de administración de las empresas del IBEX 35 están ocupados por personas que detentaron cargos públicos, según el diario Público), la Iglesia, las compañías eléctricas y un largo etcétera. Uno de los principales blancos del descontento popular es el llamado bipartidismo, es decir, el ‘régimen’ de los dos partidos de masas que se han alternado en el poder desde las elecciones de 1996: el PP y el PSOE. No son ajenos a esta erosión los escándalos de corrupción, entre los que destacan la trama Gürtel y el caso Bárcenas* (ambos apuntan a una presunta financiación irregular del PP), el escándalo de los EREs andaluces (PSOE) o el caso Palau (CDC) entre otros, además del proceso en el que está inmerso Iñaki Urdangarín -casado con la Infanta Cristina de Borbón, quien ha sido imputada recientemente- que repercutido negativamente en la popularidad del rey Juan Carlos** y su familia. También son relevantes los escándalos que afectan a las entidades financieras, en especial el caso protagonizado por el banquero Miguel Blesa y el fraude conocido como el timo de las preferentes (Caja Madrid, Bankia), así como la corrupción en las entidades locales ligada a la especulación urbanística (caso Brugal).
*En relación con esto, un editorial del Financial Times de febrero de 2013 señalaba que hay “síntomas de putrefacción” en las instituciones españolas y abogaba por una investigación completa e independiente de las supuestas cuentas de Bárcenas porque “ni el gobierno ni el país se pueden permitir menos”, recomendando al PP que fuera “al fondo del asunto” porque “no será suficiente para el partido premiarse a sí mismo con un certificado de buena salud”. Los partidos políticos rara vez atienden este tipo de peticiones, destacan por su falta de transparencia y es notoria la poca disposición de sus dirigentes para dar explicaciones coherentes; véase la famosa intervención de María Dolores de Cospedal sobre la “indemnización en diferido” a Bárcenas . Mariano Rajoy tiene por costumbre no admitir preguntas en las ruedas de prensa celebradas en España y llega al extremo de comparecer ante los periodistas a través de una pantalla de televisión.
** El Rey protagonizaría la gran noticia de después de las elecciones al abdicar en su hijo Felipe, proclamado rey por las Cortes Generales el 19 de junio. No existe necesariamente una conexión entre ambos acontecimientos; según la versión más o menos oficial, la decisión estaba tomada a comienzos de 2014. En cualquier caso, los principales motivos que hay detrás de la abdicación son la creciente impopularidad del Rey y su familia -a la que contribuyeron el caso Urdangarín y la cacería en Bostwana (“Lo siento mucho. Me he equivocado. No volverá a ocurrir”, declaró el monarca)- y los problemas de salud de Juan Carlos. Después de la abdicación hubo manifestaciones republicanas y demandas de convocar un referéndum sobre la jefatura del estado.
Candidaturas
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El Partido Popular (PP), miembro del Partido Popular Europeo (EPP), presentó como cabeza de cartel a un veterano servidor público, el ministro de Agricultura en funciones Miguel Arias Cañete. En el segundo puesto figuró Esteban González Pons, exconseller de la Generalitat Valenciana y Vicesecretario de Estudios y Programas del partido. El tercer puesto correspondió a la eurodiputada en ejercicio Teresa Jiménez-Becerril, cuyo hermano fue asesinado por ETA en 1998. Jaime Mayor Oreja (cabeza de cartel en 2009) y Alejo Vidal-Quadras (número 4) no repitieron en esta elección. Ambos eran destacados representantes de una corriente interna en el PP crítica con la política antiterrorista del gobierno, percibida como muy blanda, y con la reacción de este ante el desafío abierto por el proceso soberanista catalán, calificada de muy pasiva. Vidal-Quadras abandonaría el PP para encabezar la lista del Partido Vox, una formación conservadora de nuevo cuño creada por disidentes populares. El candidato del PP para la presidencia de la Comisión era el veterano mandatario luxemburgués Jean-Claude Juncker, quien ganó la nominación del EPP en un congreso celebrado en Dublín el 7 de marzo. El lema de la campaña del PP fue lo que está en juego es el futuro y una de sus promesas de campaña “consolidar la recuperación para hacer que España cuente en Europa”.
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El Partido Socialista Obrero Español (PSOE), nominó a Elena Valenciano, mano derecha del secretario general Alfredo Pérez Rubalcaba, en una apuesta por tratar de ganar las elecciones para “cambiar el ciclo político” iniciado en 2011. El número dos de la lista fue para el veterano socialista vasco (y ex ministro) Ramón Jáuregui. En el cuarto puesto figuró Juan Fernando López Aguilar, quien fue cabeza de lista en las elecciones de 2009 y anteriormente ministro de Justicia y líder de los socialistas canarios. El sexto puesto fue reservado para el vencedor de la consulta interna del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), que fue Javier López. Como miembro de los socialistas europeos, el PSOE apoyaba la candidatura de Martin Schulz, militante del SPD alemán y presidente en ejercicio de la Eurocámara. El lema de campaña de los socialistas españoles fue Tú Mueves Europa. Otros eslóganes rezaban: “El cambio empieza por Europa. El cambio empieza por la unión fiscal” y “aprender a crecer” para crear empleo y eliminar las desigualdades.
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En la Coalición por Europa -agrupación de fuerzas nacionalistas de centroderecha integrada principalmente por Convergéncia y Unió (CiU), el Partido Nacionalista Vasco (EAJ-PNV) y Coalición Canaria (CC)- repitió Ramon Tremosa i Balcells (Convergència) en el primer puesto. El segundo puesto fue para Izaskun Bilbao (PNV), el tercero para Francesc Gambús (Unió), el cuarto para Narvay Quintero (CC) y el quinto para un miembro de Compromiso por Galicia (CxG). Con respecto a la coalición del mismo nombre que se presentó en 2009 se incorporaron CxG y Reagrupament (RI), abandonándola el Partido Andalucista (PA), el Bloc Nacionalista Valencià (BNV) y Unió Mallorquina (UM). Los partidos de la CEU apoyaban a distintos candidatos según su afiliación europea, siendo el liberal flamenco Guy Verhofstadt (ALDE) el candidato apoyado por CDC y PNV, mientras que Juncker (EPP) fue el de Unió. Cada partido hacía campaña en su comunidad autónoma. El lema de CiU era Ganémonos Europa en alusión a la búsqueda de respaldo del nacionalismo catalán a la consulta y la independencia; en el País Vasco, el PNV hacía campaña por Otra Euskadi y Más Europa. Tremosa, el cabeza de lista, es un economista con una larga vinculación con círculos soberanistas y rechazó el Estatut de 2006 por considerarlo insuficiente, a pesar de estar respaldado por su partido.
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La Izquierda Plural presentó a Willy Meyer (IU), quien ya fue cabeza de lista en 2009. Como entonces, integraron la candidatura Izquierda Unida (IU) y los ecosocialistas catalanes de Iniciativa per Catalunya Verds (ICV), sumándose Anova (Galicia), Batzarre (Navarra y Euskadi) y otras pequeñas agrupaciones. El segundo puesto de la lista fue para la sindicalista Paloma López (CC.OO) y el tercero para Ernest Urtasun (ICV). Los puestos cuarto y quinto fueron reservados para dos candidatas pertenecientes a EUPV (IU en Valencia) y Anova, respectivamente. IP reclamaba en su lema electoral El Poder de la Gente, ICV hablaba de Nuestros Derechos y Nuestra Dignidad y AGE (Anova/EU) proclamaba que Es la Hora del Pueblo. Meyer, un veterano dirigente comunista afiliado al PCE desde 1970 con una larga trayectoria en Estrasburgo, hizo campaña por la democratización de las instituciones de la UE y por “la defensa a ultranza de los servicios públicos”. El candidato a la presidencia de la Comisión de IU y de la Alternativa Galega de Esquerda fue el carismático dirigente griego y campeón de la lucha contra la austeridad Alexis Tsipras, quien fue elegido por el GUE-NGL en un Congreso celebrado en Madrid en diciembre de 2013. Por su parte ICV, formación que está afiliada a los Verdes Europeos, tenía como candidatos a la alemana Ska Keller y al conocido altermundista francés José Bové.
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También Unión, Progreso y Democracia (UPyD) volvió a presentar al mismo candidato de la anterior elección, el jurista y catedrático Francisco Sosa Wagner. Como principal novedad, la conocida activista vasca Maite Pagazaurtundúa (hermana de un policía municipal asesinado por ETA) fue fichada para el segundo puesto en calidad de independiente. UPyD eligió como divisa La unión hace la fuerza, lema que se puede interpretar tanto a nivel europeo como nacional. Entre los objetivos de la formación magenta figuraba “la restauración de la solidaridad entre los países pobres y ricos de Europa” y, en palabras de su portavoz Rosa Díez, UPyD aspiraba a ser “un grupo molesto en Europa” con la intención de “despertar a los que solo defienden lo políticamente correcto, cogiéndoles de la solapa, humilde pero firmemente”. Elegido en 2009 como único eurodiputado de la formación magenta, Sosa Wagner se sentó en la bancada de los No Inscritos. Con posterioridad a las elecciones el partido será admitido en la Alianza de los Liberales y Demócratas europeos (ALDE). El catedrático leonés, que fue profesor de Rodríguez Zapatero, militó en el PSP de Tierno Galván a comienzos de la Transición, ocupó una secretaría general técnica en la administración de Felipe González entre 1982 y 1987 y participó en la redacción del estatuto de autonomía de Asturias. También colaboró con la asociación Ciutadans de Catalunya, una plataforma cívica y cultural diferenciada del partido Ciutadans a la que también se adhirió Javier Nart, el candidato de Cs en estas elecciones europeas.
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Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), que en 2009 comandó la coalición Europa de los Pueblos-Verdes, decidió presentarse con sus propias fuerzas bajo el nombre de L’Esquerra pel Dret a Decidir (EPDD) tras frustrarse la posibilidad de ir en un frente independentista con CDC y no llegar a un acuerdo para coaligarse con EH Bildu. A EPDD se le sumaron Nova Esquerra Catalana (NEC) y Catalunya Sí, dos pequeñas formaciones independentistas, mientras que los nacionalistas baleares de Més per Mallorca pidieron el voto para EPDD o para Primavera Europea. La lista la encabezó el filósofo Josep María Terricabras a propuesta de ERC, acompañado en el número dos por Ernest Maragall, antiguo militante del PSC (lo abandonó en 2012 para fundar NEC), ex conseller d’Educació y hermano del president de la Generalitat Pasqual Maragall (2003-2006). ERC, cuyo lema de campaña hablaba de comenzar Un Nuevo País, es miembro de la Alianza Libre Europea (EFA), que no presentó un candidato a la Comisión aunque integra un grupo con los Verdes en la Eurocámara (Greens/EFA). Terricabras dirige la cátedra Ferrater Mora de Pensamiento en la universidad de Girona y es, citando a la secretaria general de Esquerra Marta Rovira, “un candidato de país para el país, que defenderá la causa de la independencia en Europa, que tiene pleno reconocimiento académico, que es europeísta y al mismo tiempo tiene una visión crítica constructiva de Europa”. El candidato tiene una declarada pasión por el filósofo austro-británico Ludwig Wittgenstein.
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Por su parte Euskal Herría Bildu impulsó otra lista nacionalista a la que se sumaron el Bloque Nacionalista Galego (BNG) y un puñado de pequeños partidos soberanistas canarios y asturianos. La candidatura de Los Pueblos Deciden estuvo encabezada por Josu Juaristi (EH Bildu) con Ana Miranda (BNG) como número dos. Como se deduce de su nombre, LPD abogaba por el ‘derecho a decidir’ de los pueblos; la plataforma electoral tenía además un marcado discurso anti austeridad.
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Compromís (coalición de ámbito valenciano compuesta por el Bloc, IdPV y EV-EE), la formación ecologista de ámbito estatal Equo, la Chunta Aragonesista (CHA) y otros partidos se agruparon en una “cooperativa política” para armar la lista Primavera Europea. El acuerdo entre estas fuerzas dio el primer puesto de la lista al alcalde de Burjassot (Valencia) Jordi Sebastià (Bloc/Compromís), el segundo al ecologista vasco Florent Marcellesi (Equo) y el tercero a la escritora y periodista Ángela Labordeta (CHA), hija del fallecido cantautor y diputado por Zaragoza José Antonio Labordeta. Estos candidatos fueron elegidos en primarias por los militantes y simpatizantes de cada partido. Se acordó que, en caso de conseguir un único eurodiputado, Sebastià y Marcellesi ocuparían el escaño por un periodo proporcional a los votos obtenidos por Compromís en el País Valencià y por Equo en el resto de España.
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Ciutadans (Cs), el partido de ámbito catalán opuesto al proceso soberanista que dirige Albert Rivera, decidió presentarse a estas elecciones en una apuesta por implantarse a nivel nacional (Movimiento Ciudadano) tras su éxito en las elecciones catalanas de 2012, en las que tuvo un notable crecimiento. En una consulta telemática restringida a sus afiliados, el partido nominó al abogado Javier Nart y al periodista Carlos Girauta como números uno y dos respectivamente.
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El Partido Vox, fundado a principios de 2014 por Santiago Abascal, Ortega Lara y otros militantes descontentos del PP, presentó al veterano político catalán y vicepresidente del Parlamento Europeo (desde 2004) Alejo Vidal-Quadras, que es a su vez presidente de la formación tras ingresar en la misma con posterioridad. En el programa electoral de Vox se manifestaba que “la UE es un extraordinario proyecto de integración que ha traído paz y prosperidad a Europa sustituyendo la confrontación entre los nacionalismos identitarios y agresivos (…)”. Entre los “vicios” de la Unión -que a juicio de la formación reproducen los de los estados miembros- se apuntaban las listas cerradas, el deficiente control ciudadano, la tendencia del Consejo a debilitar la influencia del Parlamento, la falta de un poder ejecutivo europeo independiente de los gobiernos nacionales y un enfoque excesivamente tecnocrático que fomenta el desinterés. Para combatir la crisis Vox plantea bajar los impuestos para fomentar la creación de riqueza y reducir el tamaño de “un Estado hipertrofiado” mediante “la poda de su estructura” (el partido aboga por la supresión de las comunidades autónomas). La formación se declara una firme partidaria de la contención presupuestaria y de la creación de “una conciencia fiscal responsable”, porque “no hay futuro gastando más de lo que se ingresa” y “la estabilidad de las cuentas públicas es una condición sin la que el crecimiento económico y el mantenimiento de los servicios públicos resultarán impensables”. Finalmente, se enfatiza la experiencia adquirida por Vidal-Quadras durante su larga estancia en el Parlamento Europeo. El candidato manifestó su intención de sumarse al EPP en caso de ser elegido.
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Podemos nació como movimiento político en enero de 2014 y se registró como partido en marzo del mismo año. Su figura más destacada es Pablo Iglesias, profesor de Ciencia Política, analista y comentarista habitual en varios programas de televisión. En su manifiesto fundacional de comienzos de año, suscrito por una treintena de intelectuales, se declaraba la intención de crear una “candidatura popular” para presentarse a las elecciones europeas, al margen de aparatos partidistas y con el objeto de oponerse desde una posición de izquierda a las recetas económicas para la crisis dictadas por las instituciones europeas. En la articulación del movimiento tuvo un papel importante el partido Izquierda Anticapitalista (IZAN), que en un boletín interno ya fijaba “los puntos políticos” que se recogerían en el manifiesto fundacional de lo que sería Podemos y apuntaba que “la presencia de personalidades con proyección mediática nos abre la opción de conectar con sectores insatisfechos con las organizaciones tradicionales”. Buena parte del núcleo fundacional de Podemos tiene un pasado de militancia o colaboración en IU. El movimiento Podemos se presentó oficialmente en Madrid en enero de 2014, siendo los principales oradores el mencionado Pablo Iglesias, los también politólogos de la Complutense Juan Carlos Monedero e Íñigo Errejón y la activista de la Marea Verde y militante de IZAN Teresa Rodríguez. La plataforma de Podemos abogaba, entre otras cosas, por derogar el artículo 135 de la Constitución, la creación de un parque público de viviendas y la aplicación retroactiva de la dación en pago, la prohibición de las puertas giratorias, la derogación de las leyes de extranjería o una auditoría de la deuda para determinar qué parte de esta se puede considerar ilegítima y susceptible de no ser pagada. Podemos mantuvo conversaciones con IU en febrero de 2014 en las que ambas formaciones encontraron coincidencias programáticas pero diferencias en la conformación de las listas electorales. Finalmente, el movimiento decidió presentarse en solitario, convocando para ello unas primarias abiertas a los miembros del movimiento, organizados en asambleas locales llamadas círculos (“espacios abiertos para la unidad popular y ciudadana”), y a simpatizantes. Pablo Iglesias obtuvo más del 60% de los apoyos para ser el cabeza de lista y también resultaron elegidos Teresa Rodríguez, Lola Sánchez, el investigador del CSIC Pablo Echenique y el veterano jurista Carlos Jiménez Villarejo, antiguo magistrado del Tribunal Supremo y fiscal anti corrupción (1995-2003). La campaña electoral fue financiada, según la organización, por aportaciones voluntarias de los simpatizantes (crowdfunding) y tuvo como lema Claro que Podemos. La nueva formación declaró su intención de apoyar la candidatura de Alexis Tsipras a la presidencia de la Comisión.
Resultados
De las 39 listas que aspiraban a repartirse los 54 escaños* que le corresponden a España en el Parlamento Europeo, 10 obtuvieron representación. Los europarlamentarios se eligen en listas cerradas, las cuales concurren en única circunscripción de ámbito nacional. El reparto de los escaños se hace de forma proporcional a los votos obtenidos por cada lista, calculándose los eurodiputados que le corresponde a cada una por el sistema de asignación de restos conocido como Ley D’Hont. Este sistema de reparto es el mismo que se usa en las elecciones al Congreso de los Diputados pero, a diferencia de estas, en las elecciones al Parlamento Europeo no se divide el país en 52 circunscripciones ni se establece un umbral mínimo del 3% de los votos para obtener un escaño.
*En las elecciones de 2009 a España le correspondieron 50 de los 736 eurodiputados que componían el Parlamento Europeo (Tratado de Niza). Con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa de 2007 (promulgado el 1 de diciembre de 2009) el número de escaños se incrementó en 4 (54 de un total de 751). Los escaños adicionales se repartieron en función de los resultados de los últimos comicios, celebrados hace 5 años.
Partido Popular 26,09% (-16,03%) y 16 (-8) eurodiputados
Partido Socialista Obrero Español 23,01% (-15,77%) y 14 (-9) eurodiputados
La Izquierda Plural 10,03% (+6,32%) y 6 (+4) eurodiputados
Podemos 7,98% (+7,98%) y 5 (+5) eurodiputados
Unión, Progreso y Democracia 6,5% (+3,65%) y 4 (+3) eurodiputados
Coalición por Europa 5,42% (+0,32%) y 3 (=) eurodiputados
L’Esquerra pel Dret a Decidir 4,01% y 2 (+1)* eurodiputados
Ciudadanos 3,16% (+3,02%) y 2 (+2) eurodiputados
Los Pueblos Deciden 2,07%** y 1 (+1) eurodiputado
Primavera Europea 1,92%*** y 1 (+1) eurodiputado
Entre las listas que no obtuvieron representación el partido conservador Vox (1,56%) y el animalista PACMA (1,13%) superaron el 1% de los sufragios. Vox se quedó a 1740 votos de obtener el último escaño en el reparto, por lo que Alejo Vidal-Quadras no pudo renovar su mandato en la Eurocámara.
*En 2009 Esquerra Republicana de Catalunya, el principal componente de EPDD, concurrió integrada en la coalición Europa de los Pueblos–Verdes encabezando la lista un miembro de esta formación (Oriol Junqueras). La suma de los resultados de EDP–V en las comunidades donde ERC tiene implantación (Catalunya, Illes Balears y País Valencià) fue de 1,22% en el total de la circunscripción.
** La suma de los resultados en 2009 de la lista Iniciativa Internacionalista (apoyada por la entonces ilegalizada izquierda abertzale, ahora encuadrada como Sortu en EHBildu) y el de Europa de los Pueblos–Verdes en Galicia (donde el miembro principal de esa coalición era el Bloque Nacionalista Galego), Euskadi y Navarra (en 2009 Aralar y EA, actualmente en EHBildu, integraron la coalición en esas comunidades) fue del 2,12%.
*** Los principales componentes de la coalición Primavera Europea (Compromís y Equo) no existían en 2009, aunque el Bloc Nacionalista Valencià (integrado en la CEU en 2009) es actualmente el socio mayoritario de la Coalició Compromís y Equo se deriva de la Confederación de Los Verdes (en EDP-V). La Chunta Aragonesista (CHA) también formaba parte de la lista de EDP-V en 2009.
Distribución por grupos en la Eurocámara:
EPP (Partido Popular Europeo) 17 (-8) eurodiputados, de los que 16 son del PP y 1 de UDC.
S&D (Socialistas y Demócratas) 14 (-9) eurodiputados, todos del PSOE y del PSC.
GUE-NGL (Izquierda Unitaria/Izquierda Verde Nórdica) 11 (+9) eurodiputados, de los que 5 son de Podemos, 4 de IU, 1 de Anova y 1 de EHBildu*.
ALDE (Liberales y Demócratas Europeos) 8 (+6) eurodiputados, de los que 4 serán de UPyD, 2 de Ciudadanos, 1 de CDC y 1 del PNV.
(La inclusión de UPyD y Cs en el eurogrupo ha sido aprobada por la mayoría de sus partidos integrantes con la oposición de CDC y PNV).
Greens/EFA (Verdes y Alianza Libre Europea) 4 (+2) eurodiputados, de los que 2 son de ERC, 1 de ICV y 1 de Compromís.
* Dentro de tres años y medio el diputado de EHBildu Josu Juaristi, elegido como cabeza de lista de Los Pueblos Deciden, cederá su puesto a Ana Miranda (BNG), quien se integrará en la Alianza Libre Europea (Greens/EFA).
Partidos vencedores por provincia:
Menudo currazo mozo, enhorabuena.
Se agradece.
muy buen post, gracias
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